Publicado en Catalunya Plural el 7 de agosto de 2026
El 8 de julio se hizo pública la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por la que se establecía que no puede aplicarse el procedimiento conocido como rechazo en frontera (eso que llamamos «devoluciones en caliente»), previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, a las personas que llegan nadando a Ceuta o a Melilla. El rechazo en frontera solo puede aplicarse a las personas que saltan una barrera (una valla, por ejemplo), pero a las que llegan a nado solo puede aplicárseles el procedimiento de devolución, previsto en el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, que implica identificación previa, así como la posibilidad de solicitar asilo y de asistencia letrada.
El 30 de julio se produjo la entrada masiva en Ceuta de unas 70.000 personas. Parece ser que el CNI había avisado de que una sentencia como la mencionada podía producir un incremento del flujo de llegadas a nado, y a algunos ese aviso les está sirviendo para decir que el Gobierno español lo sabía y no hizo nada. Pero lo cierto es que, una cosa es un incremento del flujo y otra muy distinta el hecho sin precedentes producido el 30 de julio. No hace falta ser un lince, ni tener una larga carrera en el CNI, para saber que podían incrementarse los intentos de cruzar a nado, pero de ahí a lo sucedido ese día hay un largo trecho.
Tampoco se requiere disponer de un palantir que nos diga lo que pasa en la corte marroquí para saber que la visita de Pedro Sánchez a Argelia del 20 de julio, y la ostensible mejora de las relaciones entre España y ese país, cabrearía al Gobierno de Marruecos. Y, como España y la Unión Europea han externalizado parte de la gestión de sus fronteras pagando a países terceros para que impidan el cruce de inmigrantes y refugiados, cuando estos países se cabrean por alguna cosa nos lo hacen notar. España le ha regalado a Marruecos un instrumento con el que castigarnos a su antojo cada vez que no nos portemos bien.
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